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Perú OCDE
04-Sep-2017
Estudio de la OCDE Sobre Integridad en México
El Estudio de la OCDE sobre integridad en México es uno de los primeros estudios en aplicar la nueva Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017).
Estudio de la OCDE Sobre Integridad en México

En el Estudio se evalúa la coherencia y la amplitud del sistema de la integridad pública; hasta qué punto las nuevas reformas de México inculcan una cultura de integridad en la sociedad y el sector público; y la eficacia de mecanismos cada vez más estrictos de rendición de cuentas. Además, el Estudio incluye un enfoque sectorial en la contratación pública, una de las mayores áreas de gasto gubernamental en el país y un área de actividad gubernamental de alto riesgo para el fraude y la corrupción. El estudio ofrece varias propuestas para fortalecer los arreglos institucionales y mejorar la coordinación vertical y horizontal, colmar las lagunas aún existentes en los diversos marcos legales y políticos, inculcar los valores de integridad y asegurar la sostenibilidad de las reformas.

El recién establecido Sistema Nacional Anticorrupción (NACS), promulgado en ley el 18 de julio de 2016, tiene el potencial de convertirse en un elemento cambiante en la lucha del país contra la corrupción. El paquete de leyes que crean el Sistema -cuatro en total- marca un punto de inflexión en el enfoque de México de las políticas anticorrupción y apunta a superar algunas deficiencias clave del pasado: 1) abordar la fragmentación en las políticas y desarrollar un enfoque más amplio y coherente enfoque de la integridad; 2) evitar las "lagunas de aplicación" notorias mejorando la coordinación entre los niveles de gobierno y entre ellos, y en particular mediante la inclusión de los Estados bajo el mandato del sistema; 3) fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley para investigar y sancionar las violaciones de integridad cometidas por funcionarios públicos y empresas bajo jurisdicciones administrativas y penales; y 4) reforzar la supervisión mediante una mayor transparencia, ampliando los poderes de auditoría y una mayor participación de la sociedad civil.

Esta revisión ofrece una visión general de las iniciativas previstas en este ambicioso programa de reformas. A nivel federal, éstas incluyen una nueva estructura de gobierno para la política de lucha contra la corrupción que consiste en un Comité de Coordinación del NACS, un Comité de Participación Ciudadana y comités de ética en ministerios individuales. Los códigos de conducta para los funcionarios públicos, así como el manual federal para el control interno y las normas de gestión de riesgos, están siendo renovados en todo el gobierno federal. Se desarrollará una plataforma digital en línea compuesta por bases de datos clave (sanciones, adquisiciones, etc.) para apoyar una mejor detección y supervisión. A escala nacional, se requerirá que los 32 Estados de México sigan el ejemplo con sus propios Sistemas Locales Anti-Corrupción (LACS) y sus respectivos comités. Se requerirán declaraciones de activos e intereses más estrictas para todos los funcionarios, y tanto los empleados gubernamentales como las empresas que participan en actividades del sector público (como los contratos públicos) estarán sujetos a un nuevo régimen disciplinario para violaciones a la integridad. Se reclutará a los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en todo el país para enjuiciar los actos de corrupción que constituyan violaciones potenciales del código penal.

De acuerdo con las Recomendaciones de la OCDE sobre Integridad, Conflicto de Intereses y Adquisiciones, se examinaron aspectos clave del sistema de integridad de México, incluyendo los arreglos institucionales que sustentan el sistema, las políticas de inculcar valores de integridad, prevención y manejo de conflictos de intereses, mecanismos de auditoría y ejecución, e integridad y transparencia de la contratación pública. La revisión consideró que las nuevas leyes de México son esenciales, dado el desafortunado papel que desempeña la corrupción en el crecimiento, la productividad y la inclusión de México. Sin embargo, también identificó algunas debilidades y áreas de mejora que necesitan ser abordadas para que los planes actuales tengan un impacto real en la economía y la sociedad. En total, más de 60 propuestas concretas de acción se incluyen en la revisión, en cuatro temas centrales.

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